Criptomonedas: Riesgos que implica el Proyecto de Ley en Perú. #pasa

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¿Qué riesgos implica el proyecto de ley sobre criptoactivos en el Perú?
Los criptoactivos son una forma de dinero digital que utiliza la tecnología blockchain para garantizar su seguridad, transparencia y descentralización. Estos activos han cobrado relevancia en los últimos años, tanto por su potencial para facilitar el acceso a servicios financieros, como por su capacidad para impulsar la innovación y el desarrollo en diversos sectores económicos.
Sin embargo, en el Perú, el Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley que pretende regular los criptoactivos, estableciendo una serie de requisitos y obligaciones para las personas y empresas que los utilicen. Este proyecto de ley, lejos de fomentar el uso responsable y eficiente de los criptoactivos, podría generar una serie de consecuencias negativas para el ecosistema fintech, cripto y blockchain en el país.
Entre los riesgos que implica el proyecto de ley, se pueden mencionar los siguientes:
El proyecto de ley podría afectar negativamente al desarrollo e innovación del sector fintech, cripto y blockchain, que ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. Según un estudio de la Asociación Peruana de Fintech (APEF), el Perú cuenta con más de 100 empresas fintech que ofrecen soluciones financieras basadas en la tecnología digital. Además, según un informe de Statista, el Perú es el tercer país con mayor adopción de criptomonedas en América Latina, con un 16% de usuarios. Estos datos reflejan el interés y la demanda de los peruanos por acceder a servicios financieros innovadores y alternativos, que podrían verse limitados por el proyecto de ley.
El proyecto de ley podría generar barreras de entrada y costos operativos para las empresas que ofrecen servicios relacionados con los criptoactivos, así como limitar la libertad y responsabilidad de los usuarios y consumidores. El proyecto de ley establece que las empresas que operen con criptoactivos deben contar con una autorización previa del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como cumplir con una serie de requisitos legales, técnicos y financieros. Estas exigencias podrían dificultar la creación y el funcionamiento de nuevas empresas que busquen ofrecer soluciones basadas en los criptoactivos, así como incrementar sus costos operativos. Asimismo, el proyecto de ley restringe el uso de los criptoactivos a fines comerciales o financieros prohibiendo su uso como medio de pago o reserva de valor. Esto podría afectar la autonomía y la soberanía financiera de los usuarios y consumidores, quienes deberían poder decidir libremente cómo utilizar su dinero digital.
El proyecto de ley podría generar inseguridad jurídica y contradicciones con otras normas vigentes, como la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú y la Ley General de Sociedades. El proyecto de ley no define claramente qué son los criptoactivos, ni qué tipo de entidades pueden operar con ellos. Además, el proyecto de ley otorga al BCRP la facultad exclusiva para emitir y regular los criptoactivos, lo que podría entrar en conflicto con las competencias y funciones de otras entidades reguladoras, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Por otro lado, el proyecto de ley no contempla las particularidades y diferencias entre los distintos tipos de criptoactivos, como las monedas virtuales (bitcoin), los tokens (ether) o las stablecoins (tether), lo que podría generar confusión e incertidumbre entre los agentes económicos.
En conclusión, el proyecto de ley sobre criptoactivos en el Perú podría tener un impacto negativo en el desarrollo e innovación del sector fintech, cripto y blockchain, así como en la libertad y responsabilidad de los usuarios y consumidores. Además, el proyecto de ley podría generar inseguridad jurídica y contradicciones con otras normas vigentes. Por estas razones, se recomienda revisar y mejorar el proyecto de ley, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales y los principios de proporcionalidad, neutralidad tecnológica y protección al consumidor.

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