El Parlamento Europeo aprueba la propuesta MiCA en favor de una regulación sobre criptomonedas

Era de esperar. El tráfico apabullante de criptomonedas que tiene lugar en los circuitos económicos de todo el mundo está provocando la necesidad de crear regulaciones específicas que sirvan para llevar un control minucioso del flujo monetario y evitar que el fraude siga creciendo en estos entornos. La Unión Europea acaba de mostrar recientemente su interés por perfilar una normativa particular que se ajuste al desarrollo de este tipo de activos virtuales al mismo tiempo que aporta la seguridad jurídica que los usuarios necesitan.

Fue el pasado 14 de marzo cuando el Parlamento Europeo aprobó mediante votación el reglamento sobre los mercados de criptoactivos, comúnmente conocido como la propuesta MiCA (Markets in Crypto-Assets), cuyo contenido se centra sobre todo en aportar un marco legal que ayude a potenciar el papel de las finanzas digitales en materia de cambio y competencia dentro del territorio europeo. Aunque algunos de los países que forman parte de la UE ya cuentan con su propia normativa en este sentido, lo cierto es que MiCA llega ahora bajo la tentativa de unificar el panorama en torno a la creación, el desarrollo y la transferencia de criptomonedas. Se trata de una decisión que además lleva aparejado el rechazo de aquellas propuestas que restringían la circulación de monedas como Bitcoin o Ethereum.

Cuestión de números

Desde las esferas especializadas tienen claro que la necesidad de implantar una normativa de esta envergadura es tan urgente como manifiesta, y es que las cifras que arroja el fraude en el sector no invitan al optimismo: según un informe de Chainalysis, la célebre compañía de análisis de blockchain, la piratería informática cerró el pasado año blanqueando más de ocho mil millones de dólares en activos cripto, un 25% más con respecto a 2020.

Por el momento, la ausencia de una ley europea que cubra el devenir de las monedas virtuales está propiciando que los grandes inversores muestren cierta desconfianza a la hora de formar parte del sector. De esta forma, los principales damnificados de todo este vacío legal son en primera instancia los exchanges que, dedicados a la compraventa de criptomonedas, ven cómo la financiación de sus operaciones se pierde en la indecisión de las fortunas más voluminosas. También los propios usuarios se enfrentan al riesgo de un escenario que todavía está por definir.

Se estima que la aplicación de una ley que provenga del paquete de medidas de la propuesta MiCA aprobado en el parlamento podría demorarse hasta un par de años. Mientras tanto, con la retención inversora a cuestas, el panorama exige acciones que vayan encaminadas a resolver, entre otras cosas, la protección jurídica, el problema de la volatilidad y la falta de apoyo de los gobiernos.

Incertidumbre y amenazas

Las sombras también aparecen en la relación que mantienen las criptomonedas con el sistema de fiscalidad español. Desde el Banco de España aseguran que a pesar de la existencia de una legislación que se encarga de frenar el blanqueo a nivel general, lo cierto es que todavía hay numerosas lagunas tributarias alrededor de este tipo de activos. Sin ir más lejos, para este ejercicio todavía no se contempla la opción de declarar las inversiones de carácter cripto que un usuario tenga ubicadas en el extranjero, aunque la incertidumbre planea sobre este asunto de cara a los años venideros.

Otro de los puntos críticos que retiene la predisposición de los inversores es la amenaza de sufrir un ciberataque en un espacio como el que nos ocupa, hábitat natural del mundo hacker. Para contrarrestar el auge de la ciberdelincuencia en torno a las criptomonedas, las entidades gubernamentales se están encargando de vigilar minuciosamente el comportamiento de los denominados Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), cuya finalidad pasa por llevar a cabo el intercambio y las operaciones de este tipo de monedas digitales. En este sentido, el gobierno español implantó el pasado curso para los VASP la obligatoriedad de inscribirse en una lista oficial del Banco España y de ajustarse a determinados requisitos que persiguen la eliminación de los delitos financieros. Se trata de una medida que sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, institución orientada al desarrollo de políticas contra el blanqueo de capitales.

Por su parte, el papel que desempeñan las plataformas de criptomonedas en lo relativo a la ciberseguridad se ciñe sobre todo en crear entornos digitales más fiables. Estos suelen estar dotados de la tecnología más avanzada que existe para proteger los datos personales de los usuarios. El modelo que siguen en este aspecto es el establecido por los grandes entornos de internet especializados en realizar decenas de miles de transacciones económicas al cabo del día, como pueden ser las entidades bancarias o las plataformas de juegos de azar. No en vano, cualquier banco o casino online en España incorpora en su estructura el denominado protocolo SSL (Secure Sockets Layer) de 128 bits, un sistema cuya misión es la de encriptar la información privada de los clientes, ya sea un número de cuenta o una contraseña de carácter privado. Para ello, un algoritmo matemático interviene como generador de claves aleatorias de 128 bits de tamaño que servirán para proteger el contenido personal que viaja desde la web hasta el servidor. Se trata de mantener a salvo la integridad de los usuarios frente a la actitud maliciosa de la piratería informática, por lo que no resulta extraño que los principales exchanges hayan recurrido a este recurso para despertar la confianza entre los navegantes.

Sea como sea, el escenario que se dibuja sobre la regulación europea empieza a mostrar sus primeros avances dentro de un camino que todavía se antoja de largo recorrido.